La Cámara de España apoya al Gobierno en su defensa de la Constitución y la legalidad

  • Cataluña es una parte fundamental de España y debe seguir siéndolo
  • La ruptura unilateral con España supondría la salida inmediata de Cataluña de la Unión Europea
  • No se dan las condiciones legales, políticas ni sociales para considerar lo que pueda pasar el 1 de octubre como una consulta vinculante
  • La Cámara de España y el sistema cameral trabajarán con el Gobierno de España y las instituciones para superar la fractura social abierta

Madrid, 19/9/17. Ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, la Cámara de Comercio de España, que representa a las 86 Cámaras territoriales y 35 Cámaras en el exterior, desea manifestar:

1. Cataluña es una parte fundamental de España y debe seguir siéndolo. España ni quiere ni debe prescindir de Cataluña, porque constituye una pieza fundamental en su engranaje político, económico y social. Nos unen estrechos lazos históricos, culturales, sociales, económicos y personales que no se pueden soslayar. España es el mercado natural de Cataluña y la aportación del resto de España es fundamental para Cataluña, que ha sido históricamente un pueblo integrador, negociador y dialogante.

2. La pertenencia a Cataluña no excluye, sino que incluye la pertenencia a España, como incluye la pertenencia a Europa. Son identidades complementarias. Son realidades que pueden, y deben, coexistir.

3. Cataluña es una economía próspera y uno de los principales motores de España. La prosperidad de Cataluña depende de la actividad empresarial y esta requiere estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica. Estas quedan afectadas por la aprobación de leyes inconstitucionales como las de referéndum y transitoriedad en el Parlament de Cataluña suspendidas por el Tribunal Constitucional.

4. La Comisión Europea ha reiterado que una ruptura unilateral con España supondría la salida inmediata y automática de Cataluña de la Unión Europea, del euro y de otras organizaciones internacionales. La pérdida de competitividad de las empresas catalanas sería muy importante. Es decir, la recuperación económica y la creación de empleo, o lo que es lo mismo, el bienestar de los catalanes, se verían seriamente comprometidos.

5. En una democracia tiene que prevalecer el orden constitucional y legal vigente, incluyendo la legislación autonómica, por tanto no se dan las condiciones  legales, políticas ni sociales para considerar lo que pueda suceder el próximo 1 de octubre como una consulta vinculante sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno de España cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de España y del sistema cameral en su defensa de la legalidad.

6. La prioridad debe ser la normalización política, social e institucional de Cataluña en beneficio de todos los catalanes y del resto de los españoles. En el plano político corresponderá actuar a los partidos. Con altura de miras, con voluntad de recomponer los cauces de diálogo, siempre en el marco de la Constitución y la ley, con disposición a la negociación y al pacto y con generosidad, para recuperar la normalidad política, social e institucional.

7. La Cámara de Comercio de España y las Cámaras de Comercio, como entes representativos del tejido empresarial español, trabajarán junto con el Gobierno de España y las instituciones para,  dentro de la legalidad y la Constitución, y procurando el interés general,  superar la situación de fractura social abierta, consolidar la recuperación económica, crear puestos de trabajo y garantizar el bienestar general.